PRESENTAN “11 PROPUESTAS NORMATIVAS PARA EVITAR UNA NUEVA CATÁSTROFE AMBIENTAL”
Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) señaló en el programa “Perú Inka, la Revista Hablada”, de Radio Canto Grande 97.7 FM, que esta entidad ha presentado el documento “11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental” al Ministerio del Ambiente, con el cual se buscan los mecanismos para responder de manera oportuna a las emergencias ambientales -como el reciente derrame de petróleo en Ventanilla- con el fin de que no exista impunidad, se fortalezca a la ciudadanía afectada y se pueda prevenir futuros derrames de hidrocarburos.
A raíz del derrame de petróleo
ocurrido el pasado 15 de enero en el mar de Ventanilla, operado por la empresa
Repsol, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó el documento
“11 propuestas normativas para evitar una nueva catástrofe ambiental”, el cual
brinda una serie de herramientas para lograr una mejor regulación y con ello un
mejor manejo de este tipo de emergencias.
La publicación contiene cuatro
capítulos: Para responder de manera oportuna a emergencias, Para que no haya
impunidad, Para fortalecer a la ciudadanía afectada y Para prevenir derrames de
hidrocarburos. Y cada uno de ellos expone los problemas puntuales en la
normatividad y presenta propuestas concretas para mejorar el desempeño del
Estado en casos como el desastre ambiental provocado por la empresa Repsol.
PARA RESPONDER DE MANERA OPORTUNA
A EMERGENCIAS
En este primer capítulo la SPDA
plantea el diseño de protocolos de respuesta rápida y efectivos ante derrames
de hidrocarburos. Hay que recordar que, tras conocerse el derrame de petróleo
en la costa peruana, tuvieron que pasar cinco días para que se declare
emergencia ambiental, por lo que es fundamental que instituciones, como la
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), el Ministerio del
Ambiente (Minam) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri),
planteen protocolos tanto para la apertura y cierre de puertos, así como de
rescate y rehabilitación de fauna.
La segunda propuesta plantea
crear fondos y facilitar la intervención del Estado para lidiar de manera
oportuna con emergencias ambientales y con la remediación de los daños (con
cargo a que los costos sean asumidos por quien haya causado el daño). Si bien
existe la figura de las sanciones económicas a cargo del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es fundamental modificar la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa), el
régimen legal de las declaratorias de emergencia ambiental, entre otros
aspectos que se mencionan en el documento.
Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Como tercer punto la SPDA propone
impulsar una Ley de responsabilidad ambiental y de aseguramiento ambiental
obligatorio. Ante una realidad que primero sanciona y luego ordena la
reparación del daño ambiental, la organización considera que se requiere
aprobar esta norma que permita la investigación e imposición de la sanción administrativa
respectiva y la reparación del daño ambiental, todo esto con el fin de que el
daño ambiental sea inmediatamente reparado.
El cuarto punto se refiere a la
implementación de centros de rescate a cargo del Estado. Frente al derrame, el
Serfor ha trasladado a las especies afectadas al Parque de las Leyendas, donde
se ha adaptado un centro de rescate. Por ello, es necesario modificar la Ley
29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, a fin de que el Serfor se encuentre
habilitado para establecer los CREN y que estos cuenten con presupuesto y
capacidad operativa (por ejemplo, instalaciones adecuadas y personal
calificado.
PARA QUE NO HAYA IMPUNIDAD
La quinta propuesta que plantea
la SPDA es la fiscalización ambiental nacional con énfasis en el sector hidrocarburos,
esto debido a que muchos procesos demoran años y pocas veces las multas se
hacen efectivas y son cobradas por la administración. Ante esta situación,
agrega la organización, se debe revisar los topes de multas que pueden
imponerse ante derrames de hidrocarburos por OEFA, limitantes en la renovación
de contratos y permisos o títulos habilitantes, entre otras herramientas que se
mencionan en el documento.
La sexta propuesta es la
aprobación de una metodología de valorización del daño por la comisión de
delitos ambientales. Al no existir un método para la valoración de daños
ambientales, lo que impide que los daños ambientales puedan ser cuantificados
en todos sus extremos, se requiere acciones de la Dirección General de
Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural del Minam.
Mientras que la séptima propuesta busca impulsar la caducidad de derechos en
títulos habilitantes, como contratos o concesiones en industrias extractivas y
megaproyectos, por causales ambientales.
PARA FORTALECER LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA AFECTADA POR DERRAMES DE HIDROCARBUROS Y OTROS ILÍCITOS AMBIENTALES
La octava propuesta de la SPDA
plantea crear un Fondo de Compensación que permita atender de manera inmediata
a las personas damnificadas, por lo que es necesaria una ley que establezca el
objetivo, la naturaleza, el ámbito de aplicación y la entidad responsable de la
administración y ejecución de los recursos; es decir, la entidad que será
responsable del fondo de compensación para damnificados ambientales.
La novena propuesta propone que
el sistema de defensa pública incluya la defensa de derechos ambientales, por
lo que es necesario incluir la materia ambiental dentro del servicio de defensa
pública con la finalidad de incrementar la oferta de profesionales en derecho a
lo largo del país, que puedan encargarse de asesorar y acompañar procesos de
litigio estratégico.
PARA PREVENIR DERRAMES DE
HIDROCARBUROS
Como décima propuesta, la SPDA
considera que las empresas deben, obligatoriamente, contar con las barreras de
contención dispuestas cuando se descargue crudo en terminales. Esta medida, que
ya se aplica en otros países, hubiese permitido contener inmediatamente el
crudo derramado y con ello no estaríamos ante un desastre del nivel que estamos
enfrentando en la actualidad.
La última propuesta sugiere fortalecer las instituciones ambientales y consolidar su autonomía. Para ello, la SPDA ha elaborado una propuesta de proyecto de ley que establece un régimen común para el óptimo funcionamiento de estos organismos públicos a fin de fortalecer y consolidar la institucionalidad ambiental en el país y propiciar su evolución continúa.
Comentarios
Publicar un comentario